9/4/2009 INVESTIGACIÓN DE UNA PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN EN BARCELONA La extorsión a bares salpica a la gerente de Gràcia y al PP • Un juzgado acepta la querella de la dueña de un local de la Travessera de Dalt El bar Store Café, en la Travessera de Dalt. Foto: JOAN CORTADELLAS EL PERIÓDICO BARCELONA El efecto dominó sigue tirando fichas en la investigación sobre la existencia de una presunta trama municipal de extorsión a bares para concederles la licencia. Tras la detención la semana pasada del inspector del distrito del Eixample Manuel Martínez y del ingeniero Joaquín Quílez que, presuntamente, actuaba de intermediario en los sobornos, varios empresarios han denunciado haber sufrido el mismo problema en los últimos años. A la espera de conocer más detalles, la titular del juzgado número 9 de Barcelona ha aceptado tramitar la querella presentada por la propietaria del bar Store Café de la Travessera de Dalt contra Antonio Penalba Fernández, concejal del PP en el equipo de gobierno de Vallirana (Baix Llobregat), y Alberto Belón García, consejero popular en el distrito de Gràcia Ambos son acusados en la querella de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias por cobrar supuestamente a la dueña 6.000 euros para agilizar los trámites administrativos de apertura del local. La jueza también llama a declarar como imputada a la gerente del distrito, María Carmen Fernández González, y al funcionario Josep Serrano Jornet, ya que la propietaria asegura que, posteriormente, se negó a pagar más y el ayuntamiento le precintó el bar, alegando que no cumplía la distancia mínima de separación (25 metros) con otro establecimiento de iguales características. El PP, que la semana pasada exigía al bipartito municipal (PSC e ICV-EUiA) la "máxima transparencia" en la investigación, se alineó con el equipo de gobierno tras verse implicado en la trama y ambas partes coincidieron en desvincular la querella de la investigación sobre una presunta red de corrupción policial en los prostíbulos Saratoga y Riviera y en otros de Barcelona, que derivó en las detenciones. La portavoz popular Àngels Esteller negó las acusaciones de la propietaria. "No hay ninguna prueba que las demuestren", aseguró. Esteller recordó que la querella la presenta "una señora a la que se le ha denegado una licencia". "Primero queremos conocer la acusación y las pruebas y después tomaremos las decisiones oportunas", añadió. TRAMITACIÓN CORRECTA La edil confió en la correcta tramitación del expediente del bar, tal y como reafirmó el equipo de gobierno, que defendió la actuación del distrito. Según el ayuntamiento, la tramitación de la apertura se inició en julio del 2006, y tras ser denegada en enero del 2008, tanto los propietarios del local como los de uno cercano fueron presentando alegaciones. Dos informes topográficos en junio y noviembre del 2008 constataron que la distancia era menor a 25 metros, por lo que en diciembre de ese año se le denegó de nuevo la licencia. El bipartito acusó a a la propietaria de "no respetar las diversas órdenes de precinto recibidas".